Hoy, 26 de mayo entra en vigor la nueva Ley de Vivienda que tiene como objetivo principal garantizar el acceso a una vivienda digna para todos los ciudadanos. Esta legislación, parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, introduce medidas clave para ayudar a colectivos con dificultades de acceso a la vivienda, como limitar el precio del alquiler y promover viviendas públicas. Veamos las implicaciones más relevantes de esta nueva ley.
Medidas para una vivienda asequible:
La ley busca aumentar la oferta de viviendas a precios asequibles, impulsando la vivienda pública y regulando los parques públicos de vivienda para evitar ventas a fondos de inversión. Además, se establece un porcentaje mínimo del 50% de viviendas en alquiler en áreas de reserva para vivienda protegida. También se incrementan los porcentajes de reserva de suelo para vivienda protegida.
Límites al precio del alquiler:
La ley introduce límites al precio del alquiler para evitar incrementos desproporcionados. Durante el 2024, se establece un aumento máximo anual del 3% en los contratos vigentes. A partir de 2025, se implementará un nuevo índice de referencia para la actualización anual de los contratos de arrendamiento en lugar del IPC.
Protección contra desahucios:
La ley fortalece la protección contra los desahucios, estableciendo una prórroga extraordinaria de un año en contratos de arrendamiento en situaciones de vulnerabilidad social o económica. Además, se promueve una comunicación efectiva entre el órgano judicial y los servicios sociales para brindar una atención rápida a personas vulnerables. Se amplían los plazos de suspensión de los lanzamientos y se exige un procedimiento de conciliación o intermediación en casos donde el demandante sea un «gran tenedor».
Definición de «gran propietario» y «vivienda vacía»:
La ley introduce una nueva definición de «gran propietario» como aquellos con 5 o más inmuebles residenciales en la misma zona tensionada. Asimismo, se permite considerar «vivienda vacía» a aquellas desocupadas por más de 2 años, siempre que el propietario tenga un mínimo de 4 viviendas en esa situación. Esto permite aplicar medidas como recargos en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para incentivar la puesta en alquiler de viviendas desocupadas.
Conclusión:
La Ley por el Derecho a la Vivienda es un avance importante en la protección del acceso a una vivienda digna. Al establecer límites al precio del alquiler, promover viviendas públicas y proteger contra desahucios, se busca garantizar la vivienda asequible y brindar seguridad a los ciudadanos en situación de vulnerabilidad. Aunque su implementación y seguimiento efectivos son fundamentales, esta ley representa un paso significativo hacia una sociedad más justa e inclusiva, donde todos tengan un hogar digno.
